Sin embargo, lejos de ser el milagro anunciado, los agro-carburantes ya están en camino de devastar algunos países del sur, quienes a través de acuerdos bilaterales, se convirtieron en productores de agro-carburantes norteamericanos y europeos, en perjuicio de sus propias costumbres.

Los científicos ya han dado la alarma: los agro-carburantes, lejos de resolver el problema del cambio climático, lo agravan. La deforestación de grandes zonas en el sudeste de Asia, y en América Latina por la cultura de agro-carburantes destinados a la exportación ha arrastrado no solamente una creciente pérdida de la biodiversidad, sino que los métodos empleados (desecación de turba, chamicera) están probablemente al origen de niveles de desprendimiento de CO2 más importantes que el consumo de petróleo por los automóviles de los países industrializados.

Las ONG’s de derechos humanos les pisan los talones a los científicos con la inquietud de que, además de destruir la biodiversidad y de amenazar la soberanía alimentaría, las multinacionales desarrollan su industria de agro-carburantes sin tener en cuenta los derechos humanos más fundamentales.

El informe reciente de Fidel Mingorance para la Coordinación Belga por Colombia es edificante sobre el tema. Tomando el ejemplo de Colombia, donde la palma aceitera usurpa cada día más la cultura bananera, el autor nos muestra como las multinacionales se apoyan en el sistema "tradicional" de requisición de tierras por la fuerza para ampliar la superficie de plantación, apoyándose en los paramilitares que recién han obtenido la amnistía. Expropiaciones, amenazas, humillaciones, largas jornadas de trabajo sin fin, prohibición de sindicatos, es el destino de los trabajadores colombianos en las plantaciones de palma aceitera.

Mientras que la reducción global del consumo energético es la sola y única solución a dar para contrarrestar el cambio climático, la Unión Europea intenta resolver sus problemas exportándolos a los países del sur que tienen todo a perder. Además de poner en peligro la soberanía alimentaria de los países del sur, a través de la utilización de las tierras fértiles para la producción de gasolina en lugar de alimentos de consumo básico (maíz, soja, etc.), los agro-carburantes provocan el conflicto entre beneficios económicos y los derechos humanos.

La Unión Europea no puede ser cómplice silenciosa de estas graves violaciones de los derechos humanos, bajo el pretexto de realizar los objetivos de Kyoto. La Unión Europea debe prohibir la importación de todo el aceite procedente de las tierras tomadas y explotadas por los paramilitares. La introducción de un sello certificando que el aceite cosechado no proviene de tierras controladas por los paramilitares no podrá resolver el problema global de los agro-carburantes, pero sí podría poner fin a las violaciones de derechos humanos en curso.