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30 de octubre de 2002

Declaración de Quito
Nosotros, Parlamentari@s de México, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Québec, reunidos en Quito los días 29 y 30 de octubre del 2002, en el marco del “Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los parlamentos“, hacemos la presente declaración, frente a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primera: Como delegatarios de la soberanía popular, tenemos el ineludible compromiso de legislar para el bienestar integral y en consecuencia para la mejoría de la calidad de vida de nuestras comunidades nacionales.

Segunda: Que a pesar que los Estados democráticos y soberanos sólo pueden existir y mantenerse con un apropiado sistema de participación e información ciudadana y con un régimen parlamentario fuerte , los ciudadanos de nuestros países y los Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de quienes llevan a cabo las negociaciones del ALCA. Los textos del ALCA, han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido.

Tercera: Que cualquier acuerdo de “libre comercio“ es una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocidos ampliamente, analizados, discutidos y sancionados por los Parlamentos nacionales y refrendados por el conjunto de la ciudadanía.

Cuarta: Que las grandes potencias tienen un control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no estén en capacidad de competir,

Quinta: Que la fórmula del “libre comercio”, promovida por el ALCA favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.

Sexta: Que el ALCA, tal como está concebido reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos de usuarios de bienes y servicios en clientes de empresas transnacionales.

Séptima: Que el ALCA pretende consolidar el control de recursos estratégicos como son el petróleo, el agua , la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual-entre otros-, en manos de transnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas, un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio

Octava: Que otras iniciativas promovidas desde los Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el ALCA, buscan mantener la hegemonía de este país en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos.

Novena: Que la imposición del año 2005 para que entre en vigencia el ALCA no es aceptable ya que obliga a los países adecuan sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular que en América Latina y el Caribe demuestran que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad.

 Como representantes electos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros pueblos frente al ALCA , en consecuencia declaramos:

Primera: Invitar los Parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a discutir y decidir sobre todos los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y las condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas soberanas con relación a la integración. En consecuencia, sugerimos que donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al ALCA y otros proyectos de integración comercial similares.

Segunda: Proceder, como paso inicial a estas discusiones, a evaluar los resultados y procesos de varios acuerdos internacionales como son el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, la OMC, y otros.

Tercera: Propiciar procesos de integración de nuestros pueblos, en donde haya respeto a la dignidad y a la autodeterminación. Cualquier proceso de integración debe ser equitativo y sostenible, debe satisfacer las necesidades de más 70% de nuestra población que viven en situaciones de extrema pobreza y debe revertir la tendencia de que el 70% de nuestras exportaciones sean recursos naturales y materias primas.

Cuarta Proponemos que se de una amplia difusión de los documentos que discuten los grupos de negociación, definiendo claramente los países que presentan o apoyan y solicitar que se elimine el carácter secreto que hasta ahora han tenido las negociaciones.

Quinta: Promover la más amplia unidad nacional de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general para defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada nación

Sexta: Proponer al Parlatino conformar una Comisión especial para abrir el debate continental , mantener la vigilancia sobre cualquier tipo de negociación en torno al libre comercio y ser promotores de la participación ciudadana cumpliendo el mandato de nuestras representaciones.

Séptima: Rechazar el ALCA y exhortar a nuestros gobiernos a retirar de las rondas de discusión a sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y acuerdos de integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, Mercosur, Caricom, entre otros

Octavo: Finalmente expresamos nuestro agradecimiento al Honorable Congreso Nacional del Ecuador y al Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo quienes se han distinguido por su fraternal acogida y la efectiva conducción de este encuentro parlamentario, contribuyendo notablemente a su resultado exitoso.

 Otra integración es posible

Dado en Quito, el 30 de octubre de 2002

- Firman:
- Miguel Bartolini, México
- Petra Santos, México
- Santiago Guerrero, México
- Mónica Xavier, Uruguay
- Juan José Domínguez, Uruguay
- Ritha Fletes, Nicaragua
- Agustín Jarquín Anaya, Nicaragua
- Evo Morales, Bolivia
- Jorge Alvarado, Bolivia
- Marcelo Aramayo, Bolivia
- Félix Santos, Bolivia
- Jorge Enrique Robledo, Colombia
- Gerardo Jumí, Colombia
- Calixto Mejía, El Salvador
- Javier Diez Canseco (delegado en Aída García), Perú
- Iris Varela, Venezuela
- Pedro Carreño, Venezuela
- Jesús Garrido, Venezuela
- Carlos Espinoza, Venezuela
- Antonio Posso, Ecuador




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