El INCORA en la Resolución de reconocimiento del Título Colectivo expresó: “El área donde se ubica el territorio objeto de solicitud de Titulación, es la región del Chocó biogeográfico, considerado dentro de la política ambiental como un sistema estratégico que debe ser conservado, por que valiosos recursos genéticos y de Biodiversidad que hoy existen en esta zona, constituyen bienes públicos vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad [1]” . El INCORA estimó que la titulación colectiva constituye una política pública, dirigida a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales: “Vista así, la política de titulación colectiva es una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de los valiosos recursos naturales que existen en la cuenca del Pacífico Colombiano [2] .

 Violencia Socio Política

Después, desde el 24 y hasta el 27 de febrero de 1997, el Ejército Nacional realizó la “OPERACIÓN GÉNESIS” al mando del General DEL RIO en el Territorio del Salaquí y el Cacarica. Miles de campesinos de la región del Bajo Atrato Chocoano, aproximadamente 3.000, se vieron obligados a desplazarse, muchos de ellos hacia Panamá, otros hacia Turbo, Quibdó, Cartagena, Medellín. Otros decidieron quedarse en su territorio escondidos en medio de la selva y otros iniciaron una movilización para exigir la protección de sus derechos a la vida y al Territorio.

Desde esas fecha hasta hoy, en el 2006, en desarrollo de las estrategias de la Brigada 17 y las estructuras paramilitares, de acuerdo con registros de nuestra Comisión de Justicia y Paz, se han producido 106 asesinatos y desapariciones forzadas; 13 desplazamientos forzados que comprometen la responsabilidad del Estado por acción y por omisión con la estrategia paramilitar; 15 casos de torturas; 17 detenciones arbitrarias; 19 saqueos y quemas a caseríos; 14 incursiones y agresiones a las Zonas Humanitarias. La totalidad de los crímenes de Estado se encuentran en absoluta impunidad.

Con el paso del tiempo, los propósitos del arrasamiento se esclarecen. No en los estrados judiciales, sino en la verdad real que testimonian las víctimas. Hoy se observan dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó, 25 mil hectáreas sembradas de palma dentro del territorio titulado. Los 10 desplazamientos forzados ocurridos en el Curvaradó y el desalojo de 15 caseríos, coinciden con los lugares de la siembra de palma, que se inició en 2001.
Se constata con el paso del tiempo que la guerra estatal bajo la justificación de la persecución a la guerrilla, no sólo ha atacado a la población civil, sino que la ha empobrecido y la ha expulsado, además de criminalizarla. Las víctimas se convierten así en victimarios, tergiversándose lo sucedido. Funcionarios públicos locales y sectores palmicultores asociados a corruptos, paramilitares y agencias del Estado encargadas de la represión, han acusado a los miembros de estas comunidades y a sus acompañantes de ser auxiliadores de las guerrillas. Ha pasado decenas de veces.

La actividad agroindustrial de la palma se realiza sin impedimento alguno, contra la voluntad de los pobladores, contraviniendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Tanto el gobierno nacional como las empresas palmicultoras, han desatendido la Resolución Defensorial 039 y la Directiva 008 del Procurador General de la Nación, ambas del 2005, a ese respecto.

 Desplazamiento, desterritorialización, apropiación criminal

Presionados por los paramilitares y acompañados por éstos a las notarías, campesinos mestizos y afrocolombianos suscribieron traspasos de propiedad. Los notarios negaron de facto las disposiciones de Ley 70 respecto a la no enajenación, a la imprescriptibilidad e inembargabilidad de los Territorios Colectivos. Hubo suscripción de contratos de compraventa de mejoras, que carecen de validez jurídica3. Así mismo, se realizaron contratos de usufructo y actas de compromiso.

Uno de lo casos más significativos y bajo los cuales se quieren asegurar cerca de 6000 mil hectáreas de tierra, se evidencia claramente, por nombrar un solo ejemplo, en el caso de Lino Antonio Díaz Almario, habitante de la cuenca del Curvaradó, fallecido en octubre de 1996. Aparece que Lino vendió sus predios, adjudicados por el INCORA, a una empresa en el año 2000, cuando ya habían transcurrido 5 años de su fallecimiento. La empresa compradora, por su parte, le traslada meses después el dominio del predio a la Compañía Urapalma S.A. Los predios adjudicados por el INCORA a Lino sumarían aproximadamente 18 hectáreas, según un estudio técnico realizado por el INCODER. Sin embargo, Urapalma, con base en certificados de libertad y tradición expedidos por la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, alega que dicho título tiene una extensión de más de 9.000 hectáreas.

 Acciones civiles contra los afrocolombianos

Usando la legalidad, la empresa palmera Urapalma demandó a través de una ACCION LEGAL de lanzamiento por ocupación de hecho en los caseríos de Caño Claro y Llano Rico, al campesino Enrique Manuel Petro a quien se le acusa de ocupar sus predios, los cuales han sido legalmente adjudicados y reconocidos como parte del Territorio Colectivo del Curvaradó. Enrique Petro (ver testimonio en esta publicación) ha habitado por más de 40 años 150 hectáreas de tierras reconocidas dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó. Días después del desplazamiento, los militares le impidieron volver a su propiedad argumentando razones de seguridad. Él luego regresó rompiendo el cerco paramilitar y militar,
constatando que 120 hectáreas habían sido arrasadas, deforestadas y sembradas en palma. Logró entonces proteger 30 hectáreas en las que hoy habita y ha ido recuperando parte de las 120 hectáreas restantes en una Zona Humanitaria y una Zona de Biodiversidad.

Como mecanismo para asegurar el desalojo y la propiedad empresarial, entablaron contra Petro una acción civil para lograr el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, del que se la acusa falsamente. De este modo se acabaría la Zona Humanitaria y la Zona de Biodiversidad existente en la actualidad.

 Reconciliación forzada

La siembra extensiva de palma no sólo ha sido un renglón de la economía dentro de un proyecto del Estado o del régimen actual, impulsado por la estrategia paramilitar, que ha coincidido con las políticas públicas, en particular para el sector agroindustrial, promovidas por Uribe Vélez, sino que la inversión ilegal en el Curvaradó se ha convertido en mecanismo de reconciliación forzada entre estructuras criminales desmovilizadas y sus víctimas. El impulso de la Agroindustria de Palma Aceitera, desde el Plan Colombia en el marco de la Política de Seguridad Democrática del actual gobierno, se ha orientado al proceso de “re movilización paramilitar”, desarrollado a nivel nacional. De ahí que la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Ministerio del Interior y de Justicia hayan nombrado al empresario Juan B. Pérez, ex gerente del Banco Agrario de Colombia, para impulsar, entre otros, el cultivo de Palma Aceitera dentro del programa de desmovilización paramilitar. Según la Revista Semana, el señor Juan B. Pérez : “formó parte de la comisión exploratoria de diálogos con las autodefensas
y desde tiempo atrás ha estado trabajando en un modelo de empresas para los desmovilizados.. Se trata de empresas asociativas donde participarán desmovilizados, desplazados y campesinos, en sociedad con un empresario que quiera invertir en el negocio y actuar como tutor… Hasta ahora se está trabajando en grandes proyectos de agroindustria: cacao, madera, caucho y palma de aceite; ...Ya se están legalizando cinco empresas asociativas para sembrar palma en 2.500 hectáreas en Carmen del Darién y Murindó para 250 familias… En otras regiones la palma de aceite se perfila como el gran proyecto de los desmovilizados… Para el caso de Urabá, diversas ONG han denunciado cómo los paramilitares se apropiaron a sangre y fuego de tierras que hoy son extensos cultivos de palma [3]” .

 Destrucción del medio ambiente

Existen numerosas especies forestales y animales que han sido eliminadas y su hábitat completamente destruido, o que están ya en vía de extinción, en un amplia área que ha sido objeto de arrasamiento en medio de la presencia de las Fuerzas Militares acantonadas allí, en plena convivencia con los paramilitares, escoltando la presencia empresarial. La destrucción ambiental ha contado paradójicamente con el aval de las entidades regionales ambientales como CODECHOCO y CORPOURABA. Cuatro ríos al menos han sido canalizados para secar las tierras de las cuencas, según se extrae de dos misiones de verificación realizadas, así como ha disminuido en un 30% el nivel del río Curvaradó, al tenor de reportes del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia). Adicionalmente, el cauce del río presenta continuas sedimentaciones y una marcada erosión en sus taludes, según la Corporación Codechocó...
En definitiva, la construcción de vías, canales de drenaje, viveros, la instalación de centros de acopio y campamentos, el aprovechamiento y secado de fuentes hídricas, el cambio de la consistencia físico-química de los suelos, la destrucción de casas y escuelas así como de cultivos de auto subsistencia y bosques para el aprovechamiento sostenible, no pueden menos que señalarse como las principales alteraciones al medio ambiente y a los paisajes naturales, que se traduce en la presencia de factores como la degradación, erosión y revenimiento de suelos y tierras, las alteraciones nocivas de la topografía, el cambio del flujo natural y la sedimentación de los cursos y depósitos de agua, la disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales, y de recursos genéticos, como las principales alteraciones a los paisajes naturales de la cuenca del Curvaradó como consecuencia de los cultivos de palma aceitera.

 Las Empresas de la Palma de Aceite, encubierta paramilitar

Las empresas palmeras de la región “Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, Urapalma S.A”; La Compañía “Palmas S.A.”; La Compañía Palmas de Urabá, Palmura S.A; La Compañía “Palmas del Curvaradó S.A.”; La Compañía Promotora Palmera de Curvaradó Ltda.; y además las empresas Inversiones Fregni Ochoa Limitada; La Tukeka; Selva Húmeda; Asibicon; y Palmas del Atrato, han desarrollado sus operaciones en los Territorios y tierras de las que desalojaron violentamente a sus pobladores, y son 25 mil hectáreas del Curvaradó las que hoy han sido sembradas por estas empresas.
No se trata simplemente de una coincidencia entre las actuaciones paramilitares con la Brigada 17 y la siembra de palma. Se trata de rastrear cómo detrás del uso de la violencia estatal y paraestatal, los benefactores directos son condición sine qua non y parte clave de la estrategia criminal armada. No sólo porque usen estos recursos, medios o esquemas de seguridad, o porque las plantaciones estén custodiadas por tropas paramilitares o por militares de la Brigada 17, o que cuenten con esquemas de seguridad policial que a su vez interactúan con estrategias paramilitares. Se trata de un proyecto militar como proyecto de sociedad y de Estado vinculado con la economía de los agronegocios.

Palma Maldita

Una meta de 6 millones de hectáreas sembradas, expresa un mercado pensado para la próxima década como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el marco de la ampliación del Plan Colombia, en el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática y del Estado Comunitario, que incluye la Política de Manejo Social del Campo, como se afirma en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, y se vislumbra en el documento de Visión Colombia “Colombia segundo Centenario”, para el 7 de agosto del 2019...Discursos, políticas, técnicas de encubrimiento, crímenes de lesa humanidad, crímenes ambientales, son parte de un escenario de muerte en que se convirtió una planta como la palma. Hoy la palma transplantada, a un lugar que no le es propio, es vista como algo maldito por afrocolombianos y campesinos mestizos en el Curvaradó. Ante ella los afrocolombianos y mestizos han afirmado su derecho a resistir, a afirmar la vida integral como bien suyo y de la humanidad. Por eso, plantan su derecho a la restitución de la propiedad, como medio de lucha, y plantan su derecho a soñar en hacer posible que las aves, los ríos, y toda la belleza natural pueda ser recuperable. Que se pueda recobrar el Territorio y con la puesta del ser humano en él, sentidos colectivos de ser y estar.

Desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos, desterritorialización, apropiación ilegal o legalizada desde la corrupción, masacres, hostigamiento, dolor, lección, son parte de esta estrategia. Los poblados abandonados en el Curvaradó por esa persecución dirigida con fines económicos, se convirtieron de una bella y generosa biodiversidad, en una destrucción de fuentes de vida. Crímenes contra la vida humana, crímenes contra el ambiente, se hallan en la raíz de los réditos de las empresas de la palma. Una estrategia de impunidad ante los crímenes de lesa humanidad, su sistematicidad y sus ganancias, quiere además del silencio, de la confusión en medio de la criminalización o acusación a las víctimas, asumidas y tratadas como victimarios, que al final se acepte el nuevo orden de cosas sin protestas de ninguna naturaleza. Es el fundamento de una política que el gobierno Uribe Vélez adelanta, no sólo para consolidar la reconciliación forzada, sino para obtener de ella las seguridades o garantías de una política agroindustrial que beneficia sus alianzas criminales. Este es el telón de fondo de la agroindustria de la Palma Aceitera, que comienza a llegar a Europa y Estados Unidos, desde el Chocó y Urabá, en forma de aceites, mañana de biodiésel, y de sangre. A los mercados no les importa los costos humanos y ambientales.
Queremos apostar a que a los humanos y humanas del mundo les importe la vida.